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Juez retira prisión domiciliaria a Jesús Murillo Karam por el caso Ayotzinapa

  • Foto del escritor: ponientebc
    ponientebc
  • 24 jul
  • 2 min de lectura


Ciudad de México, 24 de julio .- Un Juez federal canceló ayer la prisión preventiva justificada en domicilio impuesta al exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, como parte del proceso que enfrenta por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.


Edmundo Manuel Perusquia Cabañas, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, anuló la medida al considerar que el proceso se ha prolongado por más de dos años por causas no atribuibles al exfuncionario. En lugar de la reclusión domiciliaria que lo privaba de la libertad, el juzagdor optó por imponerle resguardo domiciliario, el uso de un brazalete electrónico y la prohibición de salir de la Ciudad de México (CdMx), y de acercarse a las víctimas o reunirse con personas distintas a sus familiares.


Durante la audiencia que se prolongó desde el pasado miércoles 22 de julio hasta las 18:09 horas de ayer, Perusquia Cabañas consideró fallar en favor del acusado tras valorar los dos argumentos que los litigantes esgrimieron. Por un lado, la defensa invocó la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que, desde 2022, obliga a revisar la prisión preventiva domiciliaria cuando un procesado ha permanecido privado de la libertad por más de dos años. Por otro, sostuvo que habían cambiado las condiciones que motivaron la imposición de esta medida cautelar, ya que el deterioro del estado de salud de su defendido hace necesaria una atención médica de manera permanente.



Tras valorar lo expuesto por la defensa de Murillo Karam, el juzgador resolvió anular la prisión preventiva justificada al concluir que la prolongación del proceso obedece a la tramitación de diversos amparos en revisión y no a conductas atribuibles al detenido.


De acuerdo con los expedientes penales que pesan sobre el exfuncionario, el hidalguense está vinculado a proceso por los delitos de tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos por los hechos del 26 de septiembre de 2014 que derivaron en la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", ubicada en el Municipio de Tixtla, Guerrero. La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de haber fabricado la supuesta "verdad histórica" del Caso Ayotzinapa, al presuntamente ordenar la alteración y manipulación de evidencias, así como desviar líneas de investigación, lo que habría contribuido a ocultar el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala.

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